El Gobierno de Estados Unidos se niega a aceptar unas elecciones legislativas organizadas por el actual régimen en Venezuela aunque estas sean aplazadas, y se ha mostrado muy crítico con cualquier intento de la Unión Europea o sus países miembros de negociar una fecha con el chavismo. Después de la revelación de ABC de que el Alto Representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, ha despachado una misión a Caracas para convencer a Nicolás Maduro de que aplace las elecciones legislativas de diciembre seis meses a cambio de enviar observadores, la postura oficial de la Administración de Donald Trump es que el régimen, en su actual composición, no puede convocar y organizar unas elecciones libres y transparentes.

La Subsecretaria Adjunta de Estado Carrie Filipetti reiteró el miércoles el apoyo de la diplomacia norteamericana al presidente encargado Juan Guaidó en su intento de anular estas elecciones si las convoca el régimen y sin que salga antes Maduro del poder.

Según Filipetti, encargada de política hacia Cuba y Venezuela, se mantiene intacto «el apoyo continuo de EE.UU. al presidente interino, a su liderazgo de la Asamblea Nacional y de la oposición en lo que claramente es la farsa de las mal llamadas elecciones del 6 de diciembre».

El mismo lunes, la Casa Blanca sancionó al propio Maduro por adquirir armamento iraní, y la Fiscalía norteamericana le ha acusado hace apenas unos meses de ser cabeza de un cártel de narcotráfico que ha operado en Venezuela durante años. En abril de 2019, EE.UU. apoyó un pronunciamiento en contra de la cúpula chavista, que fracasó.

Esa es una postura compartida en el Capitolio. Según añadió ayer el influyente senador republicano Marco Rubio, firme aliado de Trump, la estrategia del régimen chavista es encandilar a la comunidad internacional con unas elecciones carentes de garantías básicas. «El régimen de Maduro espera en que la comunidad internacional caiga en la trampa de estas elecciones falsas que planean celebrar en diciembre», dijo Rubio en una conferencia en el instituto Hudson.

Advertencia en el Capitolio
El senador Rubio, que representa a la Florida y está muy implicado en política venezolana, se hizo eco de la postura oficial de la Administración, al denunciar que un régimen acusado por la ONU de crímenes de lesa humanidad no puede organizar elecciones válidas. «No es un Gobierno, es una red de crimen organizado que participa activamente en el tráfico de drogas con destino a EE.UU., que ha creado alianzas militares, de inteligencia y económicas con Irán y ha propiciado a una presencia militar rusa en el continente», añadió.

Elliott Abrams, enviado especial de EE.UU. para Venezuela e Irán, ha pedido directamente a Bruselas que se niegue a validar unas elecciones fallidas enviando observadores a cambio de un aplazamiento. «El aplazamiento no es suficiente. Las condiciones electorales deben cambiar», dijo el veterano diplomático la semana pasada. «Me preocupa que haya un pacto en que la UE diga que tal vez enviará observadores a unas elecciones si se aplazan las de diciembre mediante un acuerdo. Si lo hace, se inclina claramente hacia asumir la observación de esas elecciones, y eso genera un peligro en el camino», añadió el embajador.

En una entrevista con ABC, el encargado de negocios de EE.UU. para Venezuela, James Story, ya advirtió de que un aplazamiento de las elecciones sería inaceptable. «El pueblo de Venezuela debe tener la oportunidad de elegir a sus propios líderes y no a través de elecciones ficticias como la del próximo 6 de diciembre, sino con elecciones reales y transparentes. Venezuela no han tenido esa oportunidad. Las elecciones presidenciales de 2018 fueron un fraude. España también dijo que era un fraude. Y no creo que sea cambio de régimen, sino restauración de la democracia», dijo.

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